La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica de la sociedad y pone en peligro o lesiona los derechos fundamentales de las personas. Garantizar la seguridad de los ciudadanos y de su propiedad privada es un tema de Estado.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diferencia entre inseguridad objetiva y subjetiva.

• La primera refiere a los niveles reales y objetivos de inseguridad – medida en términos de probabilidad de victimización – y refleja el grado de seguridad o de inseguridad.
• La segunda es la estimación que cada persona hace sobre el grado de riesgo al que está expuesto.

La percepción de inseguridad se basa en la evaluación por parte de los ciudadanos de las condiciones de seguridad o inseguridad de su entorno. Esto es particularmente importante, ya que condiciona la calidad de vida de los ciudadanos, generando conductas de autoprotección, como adoptar medidas de seguridad en el hogar o cambios de hábitos en relación a las actividades cotidianas.

La preocupación sobre la inseguridad va en aumento, en paralelo con el crecimiento del delito e impacta de diferentes formas en la vida de la ciudadanía.

Muchas personas viven con miedo a ser víctimas de la inseguridad; no sólo por el hecho de la pérdida patrimonial sino por miedo a resultar lesionadas o aún muertas como consecuencia de un acto delictivo violento. Temen por ellas mismas, por sus familias o allegados y toman medidas o cambian de hábitos con el fin de sentirse más seguras, limitando incluso el pleno ejercicio de sus derechos.

En Argentina, más del 85% de la población nacional de 18 años o más considera que la inseguridad es un problema bastante grave o muy grave en su ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Tucumán, esa proporción supera el 90%.

Cuando se comparan las distintas situaciones de vulnerabilidad sobre las que consulta la encuesta, se observa que la mayor vulnerabilidad es percibida cuando una persona se encuentra en el cajero automático de un banco, cuando éste está cerrado. Un 67% de los consultados se sienten inseguros o muy inseguros en esa situación. Le siguen, en orden de percepción de vulnerabilidad, los espacios públicos: más de la mitad de los consultados a nivel nacional se siente inseguro cuando se encuentra en un parque o una plaza (54.3%), en el transporte público (53.9%), o caminando solos cerca del lugar donde viven (52.3%).

En promedio, el 77% de los consultados a nivel nacional piensa que la delincuencia aumentó. En ninguna de las jurisdicciones donde se realizó esta encuesta las opiniones positivas sobre la evolución de la delincuencia (la delincuencia disminuyó) superan a las opiniones negativas (la delincuencia aumentó).

En el promedio nacional, más del 44% de los consultados opina que la delincuencia aumentó cerca de donde vive, el 69% cree que aumentó en su ciudad, el 77% cree que aumentó en su provincia y el 82% cree que lo hizo en el país.

En la medida en que las personas se perciben vulnerables, ya sea a sí mismas o a su entorno familiar, tienden a tomar medidas orientadas a la prevención y protección frente al delito.

Las medidas que se dirigen a impedir o disuadir el accionar de los delincuentes generalmente se implementan a nivel del hogar, con la instalación de puertas de seguridad, alarmas, cámaras de vigilancia, rejas, mejor alumbrado, etc. Incluso se observa también en la comunidad, con la instalación de alarmas vecinales, contratación de seguridad privada y otras medidas que los ciudadanos toman de manera conjunta y privada para protegerse.

Pero también existen otras acciones que implican cambios en los comportamientos rutinarios de la vida cotidiana, orientados a disminuir la propia vulnerabilidad percibida o la del grupo familiar. Dado que por lo general se caracteriza al delito como un fenómeno urbano, la mayoría de los cambios de hábitos se relacionan con conductas para evitar ciertas actividades relacionadas con el espacio público o la vida social.

Las tres medidas de autoprotección más frecuentes de la población a nivel nacional son: dejar de permitir que los hijos menores de edad salgan solos (58.4%), dejar de llevar mucho dinero en efectivo o tarjetas de crédito o débito (56.4%) y dejar de llegar muy tarde a casa y evitar dejar la casa sola (49.9%). En general, la mitad de la población manifiesta haber tomado una o varias de esas medidas. Estas conductas terminan teniendo consecuencias para el individuo, porque limitan sus derechos.

Los expertos en seguridad consideran que en el país faltan políticas públicas en materia de seguridad, que promuevan espacios de cooperación entre distintas áreas estatales -como educación, trabajo y desarrollo social- para prevenir el delito.

Además de estar en manos del Estado, la seguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos. Con formación, información y prevención, podemos contribuir a bajar las estadísticas de delitos y la percepción de inseguridad que preocupa a la ciudadanía.